Reto 4 ¿qué podemos hacer cada una de las personas, desde nuestra posición como empleadas o empleados públicos, para impulsar la igualdad entre mujeres y hombres?
La situación de las mujeres en el mundo ha recorrido una larga evolución respecto a la presencia ante sus derechos. Durante décadas fueron permanentemente excluidas de las referencias teóricas, de las metodologías y los contenidos de los paradigmas y estrategias de desarrollo, por lo que se puede suponer cuál era el valor humano que se le concedía la hora de definir los procesos de intervención. Fue a raíz de la constitución de Naciones Unidas, en 1945, cuando se empieza a trabajar en base al desarrollo de actuaciones y estrategias destinadas a fomentar los derechos de las mujeres y lograr una igualdad formal. En la siguiente tabla se recoge la evolución que vivieron las mujeres respecto a la consideración de sus necesidades, intereses, preocupaciones y participación en los espacios de toma de decisión.
A partir de 1945, los derechos de las mujeres empiezan a ser un tema central de debate y presencia en las agendas mundiales, y se empiezan a determinar políticas de igualdad como respuesta a las situaciones de desigualdades y discriminación por razón de sexo que no habían podido eliminar desde las políticas públicas, por no tener presente un análisis y enfoque de género según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ( PNUD, 2008).
En los que respecta a las políticas de igualdad en España, en la Constitución Española se legisla el derecho a la igualdad y la no discriminación por razón de sexo, haciendo responsable los poderes públicos de estos hechos:
Art. 14. Los españoles son iguales ante la Ley, sin que puedo prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condiciones o circunstancia personal o social.
Art. 9.2. 2. Corresponde a los LOS PODERES PÚBLICOS promoviendo las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten sume plenitud y facilitar la participación de todos los Ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.
En 2004, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, regula la problemática social del fenómeno de la violencia de género. Y en 2007, se establece la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, reguladora de todos los aspectos vinculados directamente con la eliminación de situaciones discriminatorias y de desigualdades entre sexos, así como la implementación de medidas para conseguir los objetivos hacia el principio de igualdad de oportunidades y de trato.
Posteriormente, aparece la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, encargada de gestionar una nueva cultura del empleo basada en la flexibilidad, facilitando la participación de la mujer al mundo laboral, nuevas medidas como las reducciones de cuotas de la Seguridad Social a las empresas para contratar mujeres, la supresión de categorías profesionales por no discriminar entre sexos, o la regulación del trabajo a distancia.
Se observa como a nivel legal se han hecho muchos avances en las políticas de igualdad, aunque no siempre con toda la intensidad y eficacia esperada. La evolución de las políticas de igualdad es una realidad a nivel formal, pero aún queda mucho trabajo por hacer para poder ver los resultados efectivos de estas políticas.
Una vez aclarado los aspectos legales que deben cumplir el personal de la administración publicas, mi reflexión es que el personal que trabaja en las administraciones publicas debemos llevar a cabo acciones y actos que reflejen y establezcan la igualdad de genero, tanto en nuestras acciones con el personal que nos rodean, como aquellos ciudadanos que acuden a nosotros. Para ello deberíamos:
Realizar una documentación interna accesible por todo el personal, donde se documente y explique que principios debemos realizar para cumplir con la igualdad de genero.
Dar cursos, exposiciones y talleres para explicar cuales son las acciones que debemos llevar a cabo para cumplimiento de la normativa, donde estos cursos, deben estar enfocados al cargo del alumno, ya que no es lo mismo un cargo que esta cara publico o otro que lleva la gestión de un departamento con personas a su cargo.
En la redacción de contratos, concesiones publicas, convocatorio de oposiciones o bolsínes, se deben redactar especificando que condiciones de igualdad se deberán cumplir.
Fomentar acciones formativas entre los empleados, motivandolos para su participación, mediante la obtención de certificados o realizandolos durante jornada laboral.
Establecer planes de igualdad en la carrera profesional o ascensos de puestos de trabajo, para cumplir con los ratios de presencia de hombres y mujeres, para que haya una equidad de cargos.
Establecer y dar publicidad de las normas y condiciones para la conciliación laboral y familiar indistintamente del sexo de la persona solicitante.
Indicar como se deberá llevar a cabo las comunicaciones mediante una política no sexista, tanto internamente en nuestro lugar de trabajo, como con las personas externas que acuden a las administraciones publicas.
Especificar y dar publicidad de los protocolos de acoso sexual por razón de género.
Llevar periódicamente estudios y análisis para evaluar como afectan los plantes de igualdad, para poder encontrar posibles problemas o mejoras.
Desarrollar programas con asociaciones que tratan personas de violencia de genero para facilitar el acceso a un trabajo o vivienda.
Realizar campañas para sensibilizar a todos los empleados públicos sobre una necesidad equilibrada entre hombres y mujeres en los ámbitos políticos y sociales.
Elaborar estadísticas y informes de la presencia de las mujeres en los diferentes ámbitos de la administración.
Incorporar en los estudios de las áreas y servicios de administraciones publicas la variable sexo, para conocer y estudiar los ratios y incorporación de las mujeres en los distintos puestos de trabajo.
Realizar cursos y talleres sobre las políticas públicas de igualdad de oportunidades.
Revisar en todos aquellos actos públicos los convenios sobre igualdad de genero y violencia machista.
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